San Javier sigue en pie contra la corrupción
Por cuarta vez este domingo se realizará en la localidad de Traslasierra la asamblea ciudadana que pretende impedir la vuelta del intendente Alejandro Bustos, acusado de malversación de fondos en complicidad con el legislador provincial Oscar González.
Por Tomás Astelarra para La Tinta
Los rumores corren, en el grupo de whatsapp “Pueblada” las discusiones se agitan, la noticia traspasa las fronteras del pueblo y hasta la provincia, la mesa chica de la organización popular que hace tres domingos copa la plaza de San Javier busca nuevas estrategias.
Del otro lado, el poder político de este pequeño pueblo de Traslasierra, representado por el intendente Alejandro Bustos y el diputado Oscar González, levanta amenazas, intenta acallar voces con promesas de fondos públicos y observa con asombro el tablero. Saben que el efecto dominó puede generar un espiral que despoje a Unión por Córdoba de su hasta ahora blindado poder territorial.
“Yo creo que llegó el tiempo de decir basta, que la gente tiene que tomar compromiso y si el pueblo no hace presión, si el pueblo no habla, si el pueblo está callado, lo demás funciona igual. Esta es la primera manifestación, ojalá que fueran muchas más, y fuera este un efecto dominó. Porque estamos muchos como ustedes. Ustedes hicieron la punta. Han puesto el puñetazo en el corazón del departamento. Los felicito”, le dijo la concejal de Las Tapias, Luján Mirian, a los manifestantes el día de la primera convocatoria.
A pesar de las amenazas y del desgaste que estas luchas populares siempre conllevan, los vecinos de San Javier se reunirán este domingo por cuarta vez en la plaza, a la espera de que el consejo deliberante definitivamente abra sus puertas para comprometer públicamente a los ediles para que den la cara y escuchen la voz del pueblo que clama por un municipio sin corrupción.
El domingo pasado las aguas se agitaron ante la noticia de que el diputado González, operador político de la zona, había confirmado la vuelta del intendente Alejandro Bustos tras la licencia por el juicio político por malversación de fondos (que fue rechazado por el concejo).
Frente a la conciencia de las dificultades de encarar la lucha anticorrupción por la vía política (el juicio político en un consejo con mayoría de Unión por Córdoba) y judicial (frente a la lentitud y complicidad con el poder político de la justicia local y provincial), se presentó la posibilidad de un proceso de revocatoria de mandato. Para ello se necesitarían 60 firmas que presenten el recurso ante la municipalidad y 200 más (10% de la población) ante la Cámara Electoral de San Javier. De esa manera la municipalidad se vería obligada a presentar un referendum para decidir la continuidad o no del intendente Alejandro Bustos, y en caso de dar negativo, llamar a elecciones.
“Hoy la posibilidad de que el intendente renuncie es prácticamente nula. Hemos tenido noticias de que hay una bajada de línea directa por parte del presidente de la unicameral, Oscár Gonzalez que ha confirmado la vuelta de Bustos a su sillón municipal. Frente a esto lo que se ha decidido en la asamblea de hoy es que vamos a avanzar en el procedimiento de revocatoria popular que también esta amparado por la ley orgánica municipal 8102, por la que nosotros nos regimos”, aclaró Rodrigo Murúa, concejal por Cambiemos (por parte del Frente Cívico) que durante la asamblea aclaró que su postura no era partidaria, sino como vecino nacido en San Javier. El suplente de Murúa, Eduardo Ceballos, paisano de la zona, fue quién presentó el año pasado el juicio político que acabó con la licencia del intendente.
“Soy nacido y criado acá, desde el 2011 soy concejal, en el 2013 tuvimos una movilización de un grupo muy reducido de personas donde se frenó la colocación de una antena de telefonía celular, pero de la magnitud de la movilización que se está llevando acabo en este momento no conozco, no hemos visto en este pueblo”, explicó Murúa. Y aclaró: “En esta movilización hemos visto que hay vecinos convocados. Nosotros tenemos una particularidad: que hay mixtura de culturas, donde hay nacidos y criados, donde hay venidos y quedados, que hoy se han olvidado de estas etiquetas y están confluyendo en un movimiento popular, en una causa común. Y estamos dejando de lado las posibles diferencias para luchar por lo que amamos. Porque en definitiva, a pesar de las etiquetas y posiciones, hay una cosa que nos une, que es el amor por nuestro pueblo y por eso estamos luchando”.
Una vez más, una variopinta murga de paisanos, jipis, cabañeros, empleados municipales, artesanas, niños, niñas y turistas, marcharon al son de los tambores de plástico rumbo a la casa de Bustos y González para hacer su reclamo de justicia.
Una vez más, unas 200 personas realizaron una asamblea en la plaza del pueblo, esta vez con la nutrida presencia de turistas por el fin de semana largo. Además, miembros de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo promocionaron la marcha del miércoles pasado en Córdoba Capital y juntaron firmas para una carta redactada por vecinos donde se le pide al intendente interino, Roberto Altamirano (también de Unión por Córdoba) que genere un proceso participativo donde el pueblo pueda decidir el ambiente en el que quiere vivir. Una vez más, una variopinta murga de paisanos, jipis, cabañeros, empleados municipales, artesanas, niños, niñas y turistas, marcharon al son de los tambores de plástico rumbo a la casa de Bustos y González para hacer su reclamo de justicia.
Entre ellos el actual Secretario de Turismo, Leo Rodríguez, cocinero “venido y quedado”, que fue una razón más de conflicto entre el actual intendente, Altamirano y González, que pidió la cabeza del funcionario por su participación en las marchas. “Si se va él, nos vamos todos”, respondió Altamirano, que en pocos meses ha demostrado una gestión limpia y eficiente y con límites al poder y la corrupción provincial que encarna González.
De todas maneras a la hora de explicar el porque de tanto empecinamiento en que Bustos vuelva a la municipalidad, Murúa aclará: “Tenemos que tener en cuenta que en el deparamento San Javier hay 13 o 14 localidades y en la única donde no gobierna Unión por Córdoba es Villa Dolores. Entonces el proceso de destitución de un intendente de a poco puede generar un efecto dominó, una costo político de cara a las elecciones de este año y del 2019. Entonces, además de todos los negociados que todos sabemos que exsiten, además de todos los hechos de corrupción que le podemos endilgar al legislador González, otra cuestión por la cual no quiere que el pueblo destituya a un intendente de Unión por Córdoba, es porque el costo político lo va a pagar directamente él”.
*Por Tomás Astelarra para La Tinta
