Feminismo, punitivismo y el control penal de nuestros cuerpos
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Feminismo, punitivismo y el control penal de nuestros cuerpos

Dentro del feminismo, existe un debate irresuelto y latente sobre la vía penal como la válida para cambiar el machismo que impera en la sociedad. ¿Es sabio pedir un control aún mayor del estado en nuestras vidas?

Las luchas en el ámbito jurídico existen. Las mujeres hemos estado históricamente interpeladas a disputar “derechos”, no “libertades”; a pelear por el reconocimiento estatal –y en consecuencia social- de cuestiones que nos ubican en pie de “igualdad jurídica” con los hombres: el voto, el trabajo, el derecho de ser reconocida jurídicamente sin necesidad de tener un marido, el derecho a no ser discriminada por el sólo hecho de ser mujer, el derecho a una salud sexual y reproductiva, entre otros.

Hace muchos años luchamos por la legalización del aborto. Por un aborto legal, seguro y gratuito, donde la mujer quiera. No estamos dispuestas a que nos castiguen poniendo en riesgo nuestras vida por decidir sobre nuestros cuerpos.

Estas luchas implican años de búsquedas, vivencias y reflexiones que nos han llevado a decirle al estado y a la sociedad toda: “disculpen las molestias, nos están matando”. Y la victoria ha sido tal que algunos abogados, fiscales y jueces -no todos ni mucho menos varios- comenzaron a hablar de feminicidios y a reconocer que no existió sólo una “emoción violenta” o un asesinato “agravado por el vínculo”.

Morimos por la existencia de una forma particular de vinculación en las relaciones entre hombres y mujeres, en la que no nos ubicamos en igualdad y en la que los hombres nos consideran objetas, no sujetas. Morimos por ser mujeres en una sociedad machista. Son momentos de mucha tristeza aquellos juicios en los que al culpable de asesinar a una compañera no lo condenan por feminicidio, sino sólo por homicidio, se invisibiliza toda nuestra historia de un plumazo.

El aparato penal, ¿problema o solución?

Instamos cotidianamente a las mujeres a salir a la luz y a denunciar cuando son abusadas, ultrajadas, manoseadas, e instamos a la policía a que persiga a esos machos violentos. Pero, ¿alguna vez nos preguntamos con qué fin?

Descansar en que el aparato penal es el lugar en dónde empezar a modificar concepciones sociales es un error. Más aún, cuando el propio aparato se encuentra teñido de las legislaciones y prácticas más machistas que podamos encontrar.

Los legisladores aprueban leyes “para garantizar derechos para las mujeres” en recintos donde los varones abundan, y la mayoría de las mujeres que ahí existen están amordazadas, son en algunos casos, sólo títeres para completar el cupo femenino: a las mujeres con voz, claro, les tienen miedo. Los jueces aplican las leyes bajo sus parámetros culturales machistas y patriarcales. Juzgan con su dedo a mujeres que han sufrido violencias durante toda su vida como si fuesen lo mismo que cualquier hijo de vecino, bien machito.Los derechos terminan siempre cercenados cuando se han generado leyes que no dieron lugar al debate ni a la participación de las mujeres.

La ley de trata de personas es un ejemplo claro de esto. Desconociendo los debates al interior del feminismo, La ley 10.060 castiga y persigue a las trabajadoras sexuales sin diferenciar las que por voluntad propia eligen un trabajo y lo practican, de aquellas mujeres que son sometidas y violentadas por proxenetas.

Paradójicamente, la ley persigue a quienes ejercen el trabajo sexual libremente, para calmar la moral cristiana de la sociedad, pero nunca encuentra a las miles de desaparecidas que sin consentimiento, son obligadas a practicar sexo con desconocidos a cambio de dinero que nunca ven, y en condiciones inhumanas.

Acá, de nuevo, una estructura de poder machista se erige como la verdadera sospechosa: la policía, como el agente facilitador de la trata de personas, y perseguidor de aquellas que deciden sobre su cuerpo libremente. Es el mundo del revés.

Acompañamiento a mujeres que sufren violencia machista: otras miradas

Pero la realidad nos agobia. Odiamos a esa institución machista que nos oprime pero a la vez, frente a una cantidad inimaginable de mujeres violentadas y asesinadas, es la única opción que vemos al final del túnel: denuncia, orden de restricción, policía, policía…

En el su artículo ¿Es la estrategia penal una solución a la violencia contra las mujeres?, María Luisa Maqueda Abreu explica que incluso en estas situaciones, el recurso penal termina siendo contraproducente:

El derecho redefine la experiencia de la mujer y fija unas categorías que crean género, en el proceso penal, en la determinación de responsabilidades, incrementando a menudo el proceso de criminalización secundaria de la mujer. También reaparece ese pensamiento cuando se valoran las perniciosas consecuencias de la lógica –represiva- que la vía criminal es capaz de imponer, sin cautelas, en el ámbito de las relaciones entre los sexos: denuncias obligatorias, renuncia al perdón, encarcelación por desobediencia, o, más generalizadamente, todo un conjunto de dispositivos de control que condicionan y pervierten el ámbito de lo personal y de lo íntimo. Y no me refiero sólo al contexto de la pareja.

La ayuda que se brinda desde el estado está siempre condicionada. En la mayoría de los casos ninguna ayuda es provista si la mujer no denuncia, desconociendo las consecuencias que una denuncia puede tener para una mujer sin una red de contención, sin un mecanismo de protección para el momento en el que el violento recibe la notificación de que ha sido denunciado. Sumado a esto, desde el estado se exige que la mujer violentada demuestre sumisión y no fortaleza, es tratada como una “víctima” negada de cualquier agencia, y se la “revictimiza” cuando se la obliga a pasearse por miles de dependencias policiales y judiciales contando su historia.

La denuncia debe ser un recurso, entre otros, para las mujeres que sufren violencia, no el primero, ni el único. La seguridad, el autocuidado, la independencia económica, herramientas psicológicas para defenderse y resistir, y para salirse, deben ser provistas por el estado, que sólo ve al recurso penal como única estrategia.

Ya lo dice Mariana Carbajal, cuando una ley contempla prevención y castigo, no tengamos dudas que el castigo va a ser el brazo que se aplique, contribuyendo a que la policía crezca en recursos, y en violencia, violencia machista.

Parte del cambio cultural que estamos construyendo es de las instituciones y las personas que las integran. Desandemos las experiencias que se encuentran por fuera del estado, en donde la escucha vale más que el papel que se firme, en donde el cambio se busca desde el fondo, en los cimientos.

Foto: Emergente y Veinticuatro Tres

Redacción La Tinta

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22 Febrero, 2017

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