“Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan”
A 4 años del asesinato de Florencia “la China” Cuellar en la Unidad IV de Ezeiza se renueva la exigencia del esclarecimiento para la condena de los responsables materiales y políticos de su muerte. Olvidadas entre las violentadas, las mujeres privadas de su libertad y sus familiares exigen que el “ni una menos” también llegue a las cárceles.
A Florencia “la China” Cuellar la golpearon y dejaron agonizar agentes del Servicio Penitenciario Federal (SPF) en la Unidad IV de Ezeiza el 23 de diciembre de 2012 y luego intentaron disfrazar la situación como un suicidio. Así lo denuncia su padre, Alfredo, quien se enteró por un llamado no oficial que “algo había pasado” con su hija, de 23 años y que estaba privada de su libertad desde 2007. Había estado hablando con ella unas horas antes.
“Me dijeron que mi hija se había ahorcado con un cordón de zapatillas a lo que respondí que era imposible ya que ´la China´ pesaba más de 80 kilos y tenía golpes en el torso”, relató Alfredo en la primera nota que publicamos, en octubre de 2013. “Mi hija apareció bañada, cambiada y arriba de la cama”, nos contó.
A Alfredo Cuellar jamás le dieron la comunicación oficial sobre la muerte ni explicación alguna sobre lo sucedido; es más, desde la fuerza represiva le dijeron que directamente se comunicara con el juzgado. Eso fue hace cuatro años. Momento en que se decidió a no bajar los brazos por la memoria de su hija y articular un espacio de lucha por los Derechos Humanos. Exige que los poderes del Estado cumplan con sus funciones en la investigación de las circunstancias que llevaron a la muerte de su hija y tengan en cuenta que hubo irregularidades, que no se respetó la escena del suceso y que hubo encubrimiento y abandono de persona.
El reclamo por el avance de la causa para el esclarecimiento de la muerte de “la China” Cuellar forma parte de los repudios de víctimas y familiares de víctimas de la violencia institucional y el abuso de poder de las fuerzas represivas. Y se exige a la par del esclarecimiento de las otras muertes, el cese de los casos de gatillo fácil, de la criminalización de la juventud y la pobreza, de la desmilitarización del SPF y del intento de reforma de la ley de ejecución de la pena; a la vez que se denuncian las constantes amenazas y persecuciones a familiares y luchadores/as por los Derechos Humanos.
#NiUnaMenos también en las cárceles
De acuerdo a relevamientos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, entre 2000 y 2008 no hubo muertes violentas, pero entre 2009 y 2012 hubo nueve sólo en la conurbana cárcel de mujeres de Ezeiza. María Laura Acosta, Cecilia Hidalgo, Yanina Hernández Painnefil, Silvia Nicodemo, Romina Leota, Vanesa García Ordóñez, Ema Alé, Noelia Randone y Florencia Cuellar fueron encontradas sin vida en sus celdas en diferentes circunstancias que no son las de una “presa cumpliendo su condena”. Ninguno de los fallecimientos fue esclarecido y poco están realizando las y los operadores de justicia encargados de las investigaciones.
“Las pibas que mueren en las cárceles son las que luchan, son las que protestan, son las que constantemente están reclamando por sus derechos. Las eliminan porque es una forma de reafirmar quiénes son los que mandan”, afirmó Alfredo Cuellar, el papá de “la China” en alguna de las charlas a las que constantemente es invitado producto de la solidaridad que supo tejer entre personas y organizaciones del ámbito antirrepresivo y popular.
Las consecuencias de encabezar esta denuncia contra el monstruo grande del SPF fueron varias y no cesan desde el momento en que Alfredo Cuellar se negó a aceptar la autopsia que consideraba la muerte de su hija como un suicidio. En mayo de 2013 fue secuestrado en la zona de Parque Patricios por cuatro personas que lo metieron a un auto, golpearon y amenazaron con tirarlo al Riachuelo y hacerlo desaparecer y torturar a sus hijos e hijas si no se dejaba de joder con el asunto de “la China”. Y en noviembre pasado, en otro intento de reprimir su lucha, la policía federal lo golpeó y detuvo a su hijo quien estuvo encerrado casi 10 horas en la Comisaría octava y que fue liberado por la presión que ejerció de diferentes formas la organización de solidaridades que supo construir en estos años.
Sin embargo, el 25 de noviembre, día de lucha contra las violencias machistas y que movilizó al movimiento de mujeres y feminista en todo el mundo, exigió “justicia por ´la China´”, un grito presente en los reclamos que se hicieron oír en la Plaza de Mayo, de espaldas a una estéril Casa Rosada y de frente a un movimiento que comienza a levantar las pancartas con los nombres e imágenes de las asesinadas en contexto de encierro.
“Era una piba con una energía increíble, muy linda, super vital, una buena compañera, una luchadora”, afirmó María Medrano, integrante de la asociación civil y cultural “YoNoFui”, y quien relató también en otra de las actividades que convoca la lucha, que conoció a la joven ya que participaba de los talleres de pintura y periodismo que brindaban en Ezeiza. “La del suicidio no se la comió nadie”, afirmó, “quienes conocíamos a ´la China´ sabíamos que eso era imposible”. Y agregó, “más allá de la carátula que le pongan a los expedientes, cuando muere una persona en la cárcel siempre el responsable es el Servicio Penitenciario, el Estado”.
“Fue una mujer luchadora, indócil y que no se dejaba someter por nadie. Una mujer que siempre fue de frente y que no le gustaban las injusticias”, agregaron desde uno de los colectivos que suma a la organización de las actividades en memoria de “la China” y que reclaman la conciencia social y política para un “ni una menos también en las cárceles”.
Cuando el territorio es la cárcel
El endurecimiento de las penas no ha logrado ser una estrategia efectiva. El uso de la prisión preventiva como principal mecanismo de control social -en vez de como último recurso- contribuyó directamente a la sobrepoblación carcelaria y la pauperización de las condiciones de encierro; las penas desproporcionadas ante delitos menores -como en el caso de las mujeres involucradas en delitos con drogas-, redundó en la pérdida de legitimidad social sobre los poderes judiciales; la postergación o ausencia de medidas o acuerdos regionales que tiendan a desmilitarizar los Servicios Penitenciarios -entendiéndolos como una de las fuerzas que más tortura y discrimina- recayó en una sensación de complicidad de los Estados con quienes ejercen todo tipo de violencias al interior de las cárceles.
Por eso, para romper con el desconocimiento de las condiciones de las mujeres, personas trans y travestis de todo el país, se desarrolló en octubre de este año en Rosario uno de los espacios políticos de intercambio que convoca al feminismo antirrepresivo, el taller “Cárceles y Sistema penitenciario” del Encuentro Nacional de Mujeres, un espacio para abordar y compartir las diferentes situaciones que atraviesan y multiplican las violencias y opresiones machistas dentro y en derredor de las unidades penitenciarias.
Con cinco comisiones de más de 50 mujeres cada una, se compartieron análisis coyunturales y estructurales, en intercambios que giraron torno a la preocupación ante las probables modificaciones de la Ley 24.660 de ejecución de la pena privativa de la libertad y de la estructura y funciones del Servicio Penitenciario Federal, caracterizadas formas de control y represión, de vaciamiento de políticas públicas y privatización de las cárceles y otros contextos de encierro.
E hicieron resonar tres reclamos urgentes, la exigencia de que avance el juicio contra el Servicio Penitenciario Federal por el asesinato de Florencia “la China” Cuellar, la nulidad del juicio que condenó a Reina Maraz (liberada hace dos días pero aún sin una resolución de fondo que anule su condena) y la libertad para las 25 presas políticas del Perú, acusadas de “terrorismo”, lectura que se evidenció en diferentes historias que se repiten a nivel regional.
*Por Laura Salomé Canteros para Marcha
