Por los que ya no están y por los que vendrán
Familiares de jóvenes asesinados por fuerzas represivas del Estado se encontraron en Rosario para acompañar el reclamo de justicia por Gerardo Escobar y por cada uno de los pibes que son víctimas de las balas y de la violencia policial.
José Luis Franco fue detenido la noche del 24 de diciembre de 1983 por el Comando Radioeléctrico y trasladado a la comisaría 11ª de la ciudad de Rosario. Un habeas corpus tuvo resultado negativo horas más tarde. Tiempo después, la policía provincial comunicó que el joven de 23 años resultó “muerto en un enfrentamiento con la policía”. Es el primer caso del que se tiene registro en el inicio de la era democrática post dictadura.
Habían pasado apenas dos semanas de la asunción de Raúl Alfonsín y en la ciudad ya había un desaparecido, que luego fue hallado sin vida. Todo un símbolo de lo que vendría: desde aquella nochemala, los muertos a manos de miembros de distintas fuerzas de seguridad del Estado superan los 4700.
La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) elabora desde hace dos décadas el Archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal.
Hasta su última actualización publicada en noviembre de 2015, la lista acumula la infausta cifra de 4644 muertes en las que los victimarios son miembros de alguna de las agencias represivas del Estado (Policía Federal, policías provinciales y comunales, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Servicio Penitenciario, Fuerzas Armadas, entre otras). La principal modalidad de estos asesinatos corresponde a casos de gatillo fácil: el 46 por ciento del total. Le siguen las personas que estaban privadas de su libertad al momento de su muerte (39 por ciento), la mayoría luego de detenciones arbitrarias; intrafuerza o intrafamiliares (8); desapariciones forzadas (4); asesinatos en movilizaciones o protestas (2); causa fraguada o consecuencia de otros delitos (1). La mayoría de las víctimas no superaba los 35 años (el 76 por ciento, de los cuales el 49 corresponde a un segmento que va de los 15 a los 25 años).
A partir de las estadísticas y los resultados del Archivo -que no pretenden ser frías ni asépticas- se puede evidenciar quiénes padecen y hacia quiénes está dirigida la represión de las fuerzas de seguridad del Estado: jóvenes pobres de barrios populares y villas.
La provincia de Buenos Aires acumula la mayor cantidad de casos a lo largo de todo el país (el 45 por ciento), seguida por Santa Fe (11,82). Pero, teniendo en cuenta la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, la segunda supera ampliamente al resto: Santa Fe es la provincia con el índice más alto (171,86 por millón, mientras que Buenos Aires registra 135). La represión es inherente a la provincia con forma de bota.
Violencia policial en Rosario
Los casos de gatillo fácil son los más comunes y a la vez los más invisibilizados y legitimados por los discursos de la lucha contra la “inseguridad” y el rol de diversas instituciones y organismos de los poderes Ejecutivo y Judicial. Como se desprende del Archivo de Correpi, representa casi la mitad de los asesinatos y, sin embargo, rara vez trascienden aquello que se conoce como opinión pública.
Cuando esto sucede, porque las características del hecho lo vuelven excepcional o porque la movilización logra instalarlo, aparecen los ocultamientos, las relativizaciones y, si no se puede tapar el sol con las manos, se presentan como casos aislados, como las “manzanas podridas” de una institución que, curiosamente, lo único que tiene de “aislado” es un blindaje judicial exclusivo. De este modo se oculta gran parte del cuadro: la existencia de políticas represivas estatales que directa e indirectamente terminan con la vida de cientos de jóvenes al año.
La provincia de Santa Fe registra la mayor tasa de homicidios -por cantidad de habitantes- cometidos por agentes de distintas fuerzas represivas y la ciudad de Rosario acapara la mayor parte de esas muertes. Durante 2014, 2015 y lo que va de 2016 hubo más de una treintena de casos. La violencia policial el año pasado dejó como saldo quince casos de gatillo fácil, una desaparición forzada seguida de asesinato y una muerte dudosa que también involucra a policías.
La primera semana de 2015 arrancó con cuatro agentes de la flamante Policía de Acción Táctica (PAT) asesinando a Jonatan Herrera cuando lavaba un auto frente a su casa. Tenía 23 años. El primer día de 2016 un policía asesinó a Brandon Cardozo mientras festejaba el año nuevo junto a sus amigos. Tenía 16 años. En el medio de esas muertes se cuentan muchas más: Alexis Rosales, de 23. Nelson Fuentes, de 24. Jonathan Belotti, de 22. Dante Fiori, de 25. Carlos Godoy, de 25. Maximiliano Zamudio, de 16. Facundo Rivas, de 22. Lucas Matías Segovia y Ezequiel Marcelo Fiori, ambos de 24. Marcelo Cañete, de 36. Elías Martínez, de 18. Facundo Cárdenas, de 20. Jonatan Ojeda, de 17. Martín Taborda, de 27. Hubo otros casos de gatillo fácil en la región, como el de Roberto Arrieta en la vecina localidad de San Lorenzo. Todos ellos fueron acribillados por balas policiales.
Los casos mencionados anteriormente tienen varios rasgos en común: se trata de jóvenes de barrios marginados; casi todos fueron presentados como muertes en enfrentamientos (aunque en muchos casos eso haya sido muy difícil de demostrar); tuvieron escasa cobertura periodística (sólo la clásica en las páginas policiales: “Policía abatió a ladrón en tiroteo”); en cada uno de ellos la Fiscalía investigó, cuando hubo algo que se asemeje a esa tarea, siguiendo la versión policial y no para esclarecer los hechos, llegando incluso a descartar evidencias y testimonios aportados por familiares y querellas.
Otro rasgo distintivo es que cada uno de los agentes que gatillaron sobre estos jóvenes están en libertad, la mayoría aún en funciones, privilegiados por un entramado judicial y político que los protege. La excepción es el caso Herrera en el que, por la obscenidad del accionar de los policías sumada a una gran movilización popular exigiendo justicia, cuatro agentes esperan el juicio en la cárcel y uno en prisión domiciliaria (no sin haber pasado por lo mismo que en el resto de los casos y con irregularidades de todo tipo; párrafo aparte merece el juicio abreviado para uno de los oficiales).
Si se hace el ejercicio de rastrear uno a uno los casos de años anteriores se llega a la misma conclusión: la vida de esos jóvenes no vale ni una investigación digna sobre su muerte; al contrario, se investiga primero a las víctimas para justificar su asesinato.
Gritar por todos
El domingo 14 de agosto se realizó la Jornada por los Derechos Humanos y contra la violencia estatal al cumplirse un año de la desaparición forzada de Gerardo “Pichón” Escobar. Ahí, frente a los Tribunales Provinciales, se reafirmó el compromiso con la principal herramienta con la que cuentan los familiares de los pibes asesinados por las fuerzas represivas del Estado: la solidaridad con cada una de las causas y la lucha en la calle. Hace décadas que, organización mediante, entendieron que era la única alternativa para visibilizar los casos y presionar al Poder Judicial y así avanzar en las investigaciones, pero también al poder político.
La plaza se llenó de nombres y rostros de los jóvenes asesinados en banderas, remeras, fotos… Jonatan Herrera, Pichón Escobar, Franco Casco, Jonatan Ojeda, Maximiliano Zamudio, Carlos Godoy, Brandon Cardozo, Alejandro Ponce, Ismael Sosa. Ellos, y muchos más. Los testimonios de familiares, amigos, abogados y quienes acompañan las causas dejaron unánimemente en claro que sin unidad, sin lucha, sin “respirarles en la nunca” como se escuchó gritar a la mamá de Luciano Arruga, no hay un camino hacia el esclarecimiento de los hechos, no hay justicia posible.
Esas voces también coincidieron en las denuncias hacia la impunidad de los policías del gatillo fácil, en la inacción y el encubrimiento de la Fiscalía y el repudio a los malos tratos que reciben los familiares de parte de algunos fiscales. También señalaron a los responsables políticos de cada una de estas muertes.
Luciana Escobar, hermana de Pichón, repudió la decisión del juez federal Marcelo Bailaque de sobreseer a los cinco imputados en la causa (tres patovicas y dos policías) a cuatro días de cumplirse un año de aquella madrugada en la que se lo vio por última vez, en las inmediaciones del after La Tienda. “Este juez decidió que la causa quede prácticamente impune”, denunció y, al mismo tiempo, redobló su compromiso: “Su decisión no me va a parar, sino todo lo contrario, me fortaleció mucho más para seguir adelante.
Y cueste lo que me cueste voy a demostrar que mi hermano fue desaparecido por la policía, que fue asesinado por la policía, que es una desaparición forzada y que pasen los años que tienen que pasar, yo voy a conseguir la justicia que se merece”. Luciana también recordó a Elsa Godoy, madre de Franco Casco -el joven de Florencio Varela que fue torturado y asesinado en Rosario, luego hallado en el Paraná-, fallecida esa misma semana: “Nos vamos a proponer continuar su lucha y conseguir justicia por Franco”.
Con voz propia
En momentos en los que prima un discurso unívoco, condicionado por una coyuntura que tiene aristas muy urgentes que atender, se hace más necesario que nunca escuchar la voz de familiares, visibilizar los casos, discutir sentidos comunes y construcciones en torno al problema de la “inseguridad” (según esa visión hegemónica) y a las soluciones que se proponen desde el poder político, pero también desde los medios de comunicación.
Debajo, algunos fragmentos de los testimonios de los familiares que dan cuenta de todo lo que tienen que enfrentar en su búsqueda por verdad y justicia, pero también de sus aprendizajes y experiencias.
Luciana Escobar, hermana de Pichón
«La búsqueda de mi hermano comenzó en puertas de Fiscalía cuando no nos daban una respuesta, así fue como me fui encaminando. Hoy me veo a un año y quizás no hemos encontrado realmente lo que queríamos, pero lo que se construyó en la calle fue mucho más poderoso que lo que pudimos encontrar en Tribunales -tanto provinciales como federales-.
Está demostrado que si uno se organiza, se une -porque así fui conociendo, además, a familiares que están pasando por lo mismo- el dolor se va transformando y si nos unimos podemos conseguir mucho más… Hoy, como escuchaba a las madres hablar ahí, con esa fortaleza, te das cuenta de que estamos haciendo un buen trabajo».
María Elena Herrera, mamá de Jonatan
«Estoy un poco triste porque estaba hablando con muchos familiares de víctimas y me han contado cosas que quizás hoy no se saben, lamentablemente no se saben. (…) Hablar de violencia institucional es algo que pasa todos los días, cotidianamente, acá en Rosario y en varios puntos del país, es algo que no tiene nombre. (…) Lamentablemente, hoy en día la Justicia no se hace cargo de todo lo que está pasando, hoy quiere llegar a lo más fácil, a los juicios abreviados o, como el caso de Pichón o como le pasa a todas estas mamás que están acá…
No queremos que sea así como lo que se está haciendo en Fiscalía, como se está haciendo en Tribunales, o como se está haciendo con el Estado que ha puesto toda esta gente a trabajar no para cuidarnos a nosotros sino para ir de a poquito matándonos. Una madre jamás se va a olvidar de todo esto, es algo que no lo podemos descifrar, no lo podemos comentar, porque cada vez que va pasando el tiempo más duro es y más triste se pone… Siento cada vez más dolor de hablar de mi hijo, porque lo extraño.
El fiscal Adrián Spelta no ha hecho nada en todos estos meses y ahora nos quiere vender verdura, pero sabemos que no es así, que es diferente lo que pasó con mi hijo, sabemos que no es uno solo que disparó sino que fueron muchos y mi hijo no era un polígono para ellos.
Así como me pasa a mí le pasa a muchas madres, lo único que pediría es que estemos más unidos, como el día de hoy, que salgamos a las calles, que salgamos a pedir justicia, que no bajemos los brazos, que sigamos luchando -hoy sé que hay mucha gente que no es familiar de victimas y sin embargo se arrimaron para apoyarnos, quiero agradecer mucho a esas personas-, porque ésta es la única manera, que todo el mundo se arrime para apoyarnos a todos y para salir a la calle y para que el Estado cambie, para que la Justicia cambie y que no sea más una justicia para unos y para otros no, queremos la justicia real, es lo que no está hoy, eso es lo que queremos para todos».
Julieta Riquelme, hermana de Jonatan
«Llegar acá, a Tribunales, fue toda una osadía para toda la familia. En principio nos encontramos esperanzados, creyendo que el fiscal Spelta se iba a manejar de buena manera. De hecho, tuvimos una primera reunión con él y nos ha pedido que no hablemos, que no demos notas, que no digamos lo que verdaderamente pasó con Jonatan, que él iba a encargarse de hacer justicia; cosa que no fue así, cosa que todavía estamos esperando.
Que verdaderamente cumpla con su trabajo, que es buscar justicia. Sinceramente, con la familia nos sentimos defraudados porque creemos que en ningún momento se trabajó como corresponde. (…) Como hermana me propuse y le prometí que no iba a descansar hasta lograr justicia por él, que iba a seguir luchando todos los días, que iba a ayudar a mi mamá a salir adelante, a ayudarla, empujarla para que ella pueda salir a buscar justicia y no se quede en casa llorando como me tocó verla tantas veces.
Con la familia también nos propusimos que por él íbamos a luchar hasta el final, no vamos a descansar nunca. Acabo de escuchar a la mamá de Luciano Arruga, la verdad que te alienta mucho para seguir, para seguir luchando, como también me tocó escuchar a mi mamá y a las otras madres, la verdad que te alienta a seguir buscando justicia, a seguir peleándola. La verdad que muchas veces nos hemos cansado, nos hemos propuesto otra cosa y vamos a salir adelante, por más que han atacado contra nosotros de cualquier forma, hasta hemos recibido amenazas, nos hemos ido del barrio por eso, nos han amenazado de muerte, nos han amenazado a mi hija de violación…
Es muy cruel todo esto, es muy duro, pero nosotros nos pusimos en mente de que Joni merece su justicia, que no tiene que haber otro Joni, que no puede seguir pasando, que la policía no puede seguir ejerciendo la profesión de policía como ellos quieren, que están supuestamente para cuidarnos, pero es mentira, asesinan a los pibes, que son chicos cada vez más jóvenes. (…) Encontrarnos con madres tan luchadoras, con hermanas luchadoras, la verdad que es algo que fortalece y nos motiva a seguir. Pero el motivo principal que tenemos es hacer justicia por Jonatan, que a mi hermano lo conozcan aquellos que no lo conocieron, que conozcan como era. Nuestra idea es salir a luchar e incentivar a otras familias.
Vinimos acá a llamar a la unidad, a que podamos unirnos como familiares de víctimas, a no dividirnos porque lo que está logrando este sistema es dividir las causas y lo que nosotros queremos es unidad, unirnos como familiares y ser uno solo, gritar por todos».
Mirta Ponce, mamá de Alejandro “Kiki” Ponce
«A mi hijo también me lo mató la policía, él estaba en el río pescando y vinieron un montón de policías, uno le tiró un cascotazo; y lo que dicen los testigos es que le tiraron una piedra y lo ahogaron. Hoy el fiscal Moreno no hace nada. (…) Yo quiero justicia por mi hijo y también por Pichón, por todas las madres que están hoy acá».
Laura, mamá de Brandon Cardozo
«A Brandon también me lo mató la policía, el primero de enero. Él estaba festejando el año nuevo y, porque a dos policías no les gustó que haya bombas y botellazos donde se hacía la fiesta, sacaron el arma y empezaron a disparar con la desgracia que una de esas balas le pegó a Brandon y me lo mató. Mi único hijo, 16 años. Estudiaba, jugaba a la pelota, su sueño era jugar profesionalmente en primera.
La fiscal (Marisol) Fabbro, por momentos nos recibe, por momentos no, sigue todo en la investigación…
Uno de los acusados está detenido: Emiliano Gómez, de la Policía Motorizada. (…) Acá estamos, pidiendo justicia por él, por Pichón, por Jonatan, por Alejandro, por todos los chicos que mata la policía como si fuesen perros que tienen que matar… A seguir luchando por todos, a convertir esta tristeza, este dolor, estas ganas de llorar, en fuerza , en grito y a seguir peleando».
Nancy Sosa, mamá de Ismael Sosa
«Ismael fue asesinado en un recital de La Renga, en Córdoba.
Lo mató la policía por reclamar sus derechos y enseñar a los chicos que tienen derechos, que nadie los puede tocar y eso le costó la vida. Dio la vida por los pibes, porque él fue a defenderlos y por eso lo mataron. Como todos sabemos, una y otra vez, la corrupción policial en conjunto con el Estado, van sumando la muerte de nuestros seres queridos.
El abuso policial va a seguir existiendo mientras nosotros lo sigamos permitiendo; por eso, no perdamos jamás las fuerzas, hasta que un día logremos acabar con este abuso, y esto se consigue con el apoyo de todos, salir a la calle a luchar contra la corrupción y defender nuestra justicia, ya que las leyes son injustas, son telaraña a través de la cual pasan las moscas grandes y las pequeñas quedan atrapadas. (…) Somos ciudadanos comunes, no uniformados ni delincuentes con placa, somos el pueblo que trabaja y lucha, somos quienes apostamos por la vida y el amor hacia el otro…
Quizás por eso nuestros pibes son perseguidos. (…) No puedo ser amiga y aceptar al gobierno de turno cuando veo cada día la muerte de nuestros pibes; no soy esa ciudadana que cuando veo una injusticia cierro mi boca, eso es no tener valor, eso es cobardía, pero si tengo algo que ellos jamás tendrán es coraje. Ellos nunca recuperaran la paz en sus almas, ni quitarán jamás la mancha de sangre de sus manos, asesinos de pibes, cobardes que sacan a la calle delincuentes uniformados, programados para matar cobardemente al inocente, hacen abusos nada más que por tener uniforme».
Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga
«Es difícil poder hablar de una alternativa cuando las condiciones en que se dan estos casos son terriblemente adversas, uno tiene que enfrentar diferentes instituciones del Estado que son poderosas: estamos hablando de un Poder Judicial poco independiente, demasiado parcial en sus resoluciones, con un grado de discriminación y criminalización hacia los sectores vulnerables, con una mirada concentradamente discriminadora hacia los jóvenes.
Se ha instalado durante muchos años la figura de los jóvenes violentos, los “pibes chorros”, eso es algo que tenemos que solucionar a nivel social. Realmente ahí puede haber un primer gran secreto, que es que entre nosotros empecemos a tomar conciencia de la gravedad en la que viven muchos de nuestros niños, niñas y adolescentes. En la medida de que nosotros nos empecemos a sensibilizar con la realidad de muchos de nuestros pibes vamos a comenzar también a exigirle a esas instituciones del Estado, como el Poder Judicial, que respondan investigando, sacando la verdad a la luz y condenando a los responsables.
Cuando hablamos de responsabilidades en casos como éste, estamos hablando de responsabilidades políticas y estamos hablando de responsabilidades judiciales, o sea que es una Justicia que debe condenarse a sí misma; estamos en un rollo bastante grave con este tema. Hay que discutir demasiado este tema de la violencia institucional y lo que tenemos que entender de movida es que la violencia institucional en la vida de un niño, una niña o un adolescente comienza del momento que nace. (…)
Hay que revolucionar las instituciones del Estado, y eso nos obliga a poner el cuerpo y poner el cuerpo es empezar a meterse en el barro y meterse en el barro es que el dolor de estas madres se te meta en tu estómago, en tu corazón, en el alma, y que realmente te desgarre el cuerpo de tristeza. Ahí entiendo yo que podemos empezar a hablar en códigos similares. Se necesita de organismos de derechos humanos que entiendan la importancia de organismos independientes de todo gobierno.
No podemos pensar organismos vinculados con actores políticos que al mismo tiempo generan políticas en un sistema capitalista que es perverso; el sistema capitalista se nutre de la vida de nuestros pobres, el capitalismo es totalmente contrario a la idea de defensa de los derechos humanos, respeto de los derechos de las personas…
Así que realmente hay que revolucionar en términos muy profundos las instituciones de este Estado. Al menos como primera medida, entiendo que hay que empezar a visibilizar estos casos, no hay magia. Es la tarea más difícil, la primera, la necesaria: visibilizar los nombres de cada uno de los pibes, empezar a entender que no se trata de una hecho aislado, en un lugar determinado del país, sino que esto está sucediendo en cada provincia, que se lleva la vida de cientos y cientos de pibes.
La sistematicidad hace a la gravedad y durante mucho tiempo aquí se discutió si esta problemática tenía que ver con una lógica sistemática; bueno, nosotros entendemos que sí, que la persecución es hacia nuestros jóvenes, que son ellos los que sufren el control y la violencia y que hoy están necesitando intensamente la responsabilidad de una sociedad que entienda a su vez las responsabilidades de las diferentes instituciones del Estado y que exija justicia en este sentido. Las responsabilidades se condenan no sólo en la materialidad de los hechos sino también en su intelectualidad, y aquí también hay funcionarios políticos y judiciales que tienen que responder por la muerte de nuestros pibes y también por las desapariciones.
Creo que el gran secreto está en nuestras manos. El primer gran secreto para dejar de interpretarlo como secreto, es empezar a tomar la posta y a entender la responsabilidad que tenemos para que realmente esta democracia sea una democracia que nos contemple a todos y que respete cada una de las vidas de nuestros pibes, que es lo que hoy no está pasando. Claramente la vida de nuestros pibes, de los barrios humildes, no es respetada y es sometida a un sinfín de formas diferentes de violación de sus derechos.
(…) El Poder Judicial tiene como estrategia desgastar, que me parece que es una excelente primer estrategia para poder generar impunidad en los casos y poco a poco ir matando a los familiares…
El dolor que viven los familiares que no pueden acceder a la verdad y la justicia se termina transformando en una enfermedad, termina repercutiendo en la vida, y eso es algo que la Justicia maneja muy bien: esa perversidad de esa falta de información que no llega a los familiares, esa negativa a querer investigar, todo eso es lo que termina generando un grado de impunidad elevado que hace que las causas se mantengan por años quietas y que, por supuesto, no consigan condenar a los responsables.
Por eso me parece tan importante la tarea de las organizaciones, de los familiares al frente de las luchas, la presión social para visibilizar las causas y para visibilizar los rostros de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de sacar la verdad a la luz. Hay que estar ahí, hay que presionarlos, hay que obligarlos a que nos den respuestas y no olvidar que no es el caso mío, no es el caso de Luciana, no es el caso de Vivi -la mamá de Facu-, no es el caso de Mercedes -la hermana de Sergio Ávalos-, es el caso de todos nosotros: si nosotros sufrimos en democracia la violación a los derechos humanos, si nosotros sufrimos en democracia la desaparición de una persona, un ser humano; bueno, estamos sufriendo en un futuro las debilidades de un sistema que por un lado o por otro nos va a terminar tocando con sus injusticias, quizás no de la forma más cruel -como nos ha tocado a nosotros-, pero sí de otras formas que también son crueles, son explotadoras, son mezquinas y hablan de un sistema que es este que padecemos: un sistema capitalista, perverso, que no tiene interés en contemplar todas las vidas sino aquellas que respondan a los intereses de este sistema».
Mónica Alegre, mamá de Luciano Arruga
«Nos reunieron todos estos pibes, porque estamos por ellos; por los que están, por los que ya no están y por los que vendrán, porque queremos otra justicia, porque no queremos ni un pibe menos. Porque queremos saber la verdad, no esa verdad distorsionada que nos cuentan o que nos quieren hacer creer de nuestros hijos: que son pibes chorros, que estaban robando, que se estaban drogando, que estaban borrachos, que los vieron allá, que los vieron acá…
Queremos la verdad.
Qué pasó con nuestros hijos, qué pasó con nuestros hermanos, con nuestros novios, nuestros maridos. (…) ¿Pero cómo se revierte eso? Así, como estamos ahora, juntándonos, luchando, pero luchando pacíficamente, porque eso es lo que ellos quieren, que caigamos en ese juego perverso que ellos hacen, de agredir, matar. Pero nosotros somos más inteligentes y usamos la paz, la unión, la fuerza, la lucha, pero la lucha pacífica.
Y éste es el camino, esto es el comienzo para que nosotros podamos revertir el futuro, para que nuestros hijos tengan un futuro mejor, no queremos más Lucianos, no queremos más un pibe más desaparecido, no queremos otro Pichón más, tampoco queremos mujeres desaparecidas, tampoco queremos pibitas en un club nocturno…
Todo esto lo regentea la policía. Pero hay que hacer un camino de hormiga, despacito, lento; de ésto me di cuenta en estos ocho años, me di cuenta sola cuando decía una y otra vez y contaba una y otra vez: “Soy la mamá de Luciano Arruga, un pibe desaparecido” (…).
Tengo el orgullo y la felicidad que muchos se agarraron y siguieron nuestra lucha, y vieron esa fuerza y le dimos ese valor que le faltaba para que ellos también sigan; porque si una familia pobre de una villa pudo así limpiar el nombre -porque Luciano era un “pibe chorro”- y muchos tuvieron que bajar la cabeza y venir y disculparse, gente importante, y las vi bajar la cabeza, y las vi pidiendo disculpas, no como yo hubiera querido, pero sí la bajaron…
Entonces, si nosotros pudimos, todos pueden, todos tenemos derecho a una justicia, todos tenemos el mismo derecho a una justicia digna, a que no se nos oculte la verdad.
Estoy por un lado muy contenta, por el otro muy triste. Contenta porque éste es el camino, la unión. Pero por el otro lado estoy triste; triste porque cada vez somos más las madres, cada vez hay un plato vacío más.
Pero eso no nos va a detener, vamos a seguir, como dije hace unos años: no me van a ver llorar, ni a ninguna de estas madres, no van a agachar la cabeza, vamos a seguir adelante, nos vamos a caer pero nos vamos a levantar, por nuestros hijos, por todos esos pibes, les vamos a respirar en la nuca. (…) La justicia la voy a hacer yo, y si tengo que escrachar, si tengo que seguirlos, lo voy a hacer. Y eso es lo que tenemos que hacer, no bajar los brazos, esa es la justicia, no estar esperando, nosotros la vamos a hacer, pero pacíficamente.
Les vamos a respirar en la nuca, no los vamos a dejar vivir, que sepan que ellos se llevaron la vida de nuestros hijos y que los vamos a ver ahí, sin poder mirarnos a los ojos. (…) Esto se tiene que acabar, por mis hijos, por los que quedan y por los que vendrán, por todos ellos y por los que no están también».
Por Fabián Chiaramello para Rosario Gatillo Fácil. Fotos Edith Gauna.
